INMIGRACIÓN-EMIGRACION
La inmigración, como movimiento de población humana con el fin de establecerse en un nuevo país, es una realidad muy común en la actualidad. La gente cambia de territorio por diferentes razones, que van desde la falta de empleo o la política, hasta las cuestiones personales.
Sin embargo, todas las naciones autodenominadas “desarrolladas”, y gran parte de las tildadas de “subdesarrolladas”, restringen fuertemente el flujo migratorio. Se justifican por la competencia desleal que representaría una mano de obra a bajo coste, así como por la supuesta carga que supondría para los servicios sociales. En la actualidad, la mayoría de los países permite la inmigración sólo en circunstancias especiales, es decir, para cubrir puestos de trabajo que cuentan con escasa oferta local o en caso de matrimonio, solicitud de asilo político o al amparo de acuerdos multilaterales (como dentro de la Unión Europea).
Lo que no se tiene en cuenta, en cambio, es que el trabajo de las personas asentadas se convierte en una condición indispensable para el crecimiento económico del país, además de suponer, con frecuencia, un rejuvenecimiento de la población. En España, por ejemplo, la edad media de quienes vienen a trabajar es de entre 25 y 35 años, y se emplean mayoritariamente en el sector de la construcción o los servicios. Además, los estudios manifiestan que no existe una relación directa entre la bajada de los salarios y la inmigración. En el caso de la economía sumergida, cabe recalcar que para que se dé esta circunstancia hay que contar con las dos partes: el o la inmigrante y el empleador o la empresaria local.
La razón de fondo, sin embargo, a la hora de limitar la entrada a un país, suele ser el temor a que una cultura nacional se vea ahogada por oleadas de inmigrantes de otra raza, cultura o religión. Así, el aumento de la diversidad en las calles ha venido acompañada del incremento de brotes xenófobos que han dado lugar incluso a partidos políticos dentro de cuyos objetivos está terminar con la inmigración.
Un sector de economistas, por su parte, afirma que un mercado laboral libre a nivel internacional, sin restricciones a la inmigración, contribuiría a largo plazo a impulsar la prosperidad general. Otras voces están en desacuerdo, y señalan que esa situación afectaría negativamente a los salarios y que dispararía la población a niveles insostenibles. En nuestro país, la realidad es que el Producto Interior Bruto ha crecido un 4% gracias a la mano de obra extranjera y se calcula que los ingresos de la Seguridad Social han duplicado los gastos originados por las familias inmigrantes.
Una encuesta realizada por en Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre jóvenes de entre 15 y 29 años, sin embargo, concluyó que un 60% considera que el colectivo extranjero es demasiado numeroso y casi la mitad le achaca la responsabilidad del aumento del paro y la delincuencia. Afortunadamente, y aunque la actitud general se sitúe entre la desconfianza (32%) y la indiferencia (20%), un 70% rechaza cualquier acto de violencia contra esta minoría.
La mezcla de nacionalidades da lugar, necesariamente, a una convivencia de culturas que nos obliga a respetarnos para mantener un espacio social pacífico. No tiene nada que ver con aceptar con cierto fatalismo a la persona diferente, sino con tender hacia la integración social, facilitando a estos ciudadanos y ciudadanas la participación. Los verdaderos problemas que nos plantea la inmigración, en el fondo, son las altas tasas de irregularidad, las condiciones estructurales que las generan, la exclusión social con la que convivimos y la discriminación en el mercado del trabajo, entre otros.