VIVIR CON DISCAPACIDAD
Tal y como señala la Organización de las Naciones Unidas, en los dos últimos decenios se ha producido un cambio de perspectiva: una persona con discapacidad ha pasado de ser considerada “alguien necesitada de asistencia”, a un “ciudadano titular de derechos que aspira a llevar una vida normalizada en la comunidad a la que pertenece”.
A pesar de que este panorama parece alentador, en cualquier país sigue habiendo una relación directa entre discapacidad y exclusión social. Más de 600 millones de personas en el mundo (alrededor del 10% de la población) sufren algún tipo de limitación física o psíquica. El principal problema, sin embargo, es que juegan un papel “invisible” dentro de la sociedad. Su participación pública está limitada, con lo que se fomenta el estereotipo acerca de su supuesta “incapacidad”. Esta realidad fomenta, además, la falta de respeto hacia las personas dependientes como titulares de derechos en las mismas condiciones que el resto.
En España, la Orden de 22 de febrero de 2001 regula las subvenciones otorgadas a las ONGs de ámbito estatal que favorecen programas para la integración social de personas discapacitadas. Sin embargo, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sólo el 3,8% de la población con discapacidad pertenece a una de estas agrupaciones.
En 2004, el Ministerio de Justicia suscribió el I Plan Nacional de Accesibilidad con el que pretende comprometer tanto al sector público como al privado. Sus acciones van dirigidas al logro de cinco objetivos generales entre los que se encuentran la concienciación de la población, implantar un sistema normativo y promover la accesibilidad en las nuevas tecnologías. El Consejo de Ministros, por su parte, trabaja en un Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que pretende configurar el Sistema Nacional de Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar. De este modo, se quiere establecer un nuevo marco legal que garantice la atención y los cuidados al más de un millón de personas que padece alguna discapacidad grave o severa.
En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas celebra convenciones como la que reunió a más de 400 delegados de gobierno y de organizaciones no gubernamentales a principios de este año. A pesar de que los países suelen alegar falta de fondos para llevar a cabo proyectos de accesibilidad, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, denuncia que, a menudo, “las actitudes son el mayor obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas necesitadas de asistencia”. Lo que, a su vez, calificó de “obligación colectiva”.
En cualquier caso, sea cual sea la iniciativa o política de integración que se desarrolle, debe ir dirigida a lograr la autonomía personal y a proteger la dignidad de las personas con discapacidad. Se pretende fomentar los valores de igualdad en todos los contextos, no lograr derechos específicos. Al fin y al cabo, la discapacidad no es más que una parte de la diversidad social.